Nota 75% de los trámites se hace en los CPC
Rubén Curto De nuestra Redacción
rcurto@lavozdelinterior.com.ar
Los 11 Centros de Participación Comunal (CPC) de la ciudad de Córdoba en rigor, el de barrio Guiñazú es sub CPC, concentran entre el 65 y el 75 por ciento de la actividad administrativa del municipio. Ese cálculo no incluye las prestaciones no descentralizadas, como es el caso de los cementerios o la salud.
En agosto pasado, los vecinos realizaron un total de 33.010 trámites en esos minimunicipios, y 22.800 en el Palacio 6 de Julio.
La proporción se amplía al considerar los resultados de una encuesta recientemente encargada por las autoridades, que estira al 75 por ciento la incidencia de los CPC, lo que equivale a decir que tres de cada cuatro vecinos prefieren hacer las gestiones en los barrios y no en la sede municipal.
Para el subsecretario de Coordinación de los CPC, Aldo Abril, estos números revelan que esas 11 oficinas descentralizadas son un muy buen instrumento para acercar el municipio a los vecinos, facilitarles la realización de trámites y hasta el pago de impuestos.
No obstante, cuando se considera la capacidad de respuesta real a muchos de los pedidos, la eficiencia se desdibuja, porque las estructuras operativas siguen dependiendo del área central de la administración.
Hoy los CPC son extensiones del palacio 6 de Julio, pero sólo como mesas de entradas. Hay que dotarlos de una estructura capaz de dar respuestas, para que la descentralización sea real, interpreta Abril.
Cada CPC tiene un promedio de entre 70 y 80 empleados, lo que hace un total de 800 personas: poco más del 10 por ciento del total de la planta de empleados municipales. Y para el año en curso, se les asignó un presupuesto de casi 18 millones de pesos (el 86 por ciento se gasta en sueldos), lo que equivale a apenas el 3,93 por ciento del presupuesto general de la ciudad, que se fijó en 457 millones de pesos.
Abril, como ya plantearon verbalmente otros funcionarios en los últimos años, quiere cambiar ese esquema y dotar a los CPC de autarquía, para que no sean meras oficinas de recepción y respondan a las demandas.
Nuevo intento
Fuera de los trámites que tienen resolución en el propio CPC (pagar un impuesto, sacar el carnet de conductor), los demás reclamos vecinales (alumbrado, pavimento, higiene, inspección) quedan en manos de dependencias centralizadas. Más aún: al CPC no le queda más que involucrarse en una tarea de intermediación, para ver cuándo la estructura centralizada puede satisfacer el reclamo, que no está a su alcance atender.
Un caso típico detalló Abril es el del poder de policía. Los CPC tendrían que tener su propia estructura, para poder controlar. La idea es enviar, proporcionalmente a cada CPC, el personal y los recursos necesarios, precisó el funcionario.
También citó que, por ejemplo, no tiene sentido que para atender un reclamo de alumbrado en el CPC de Rancagua, se recurra a personal que está en el área operativa que el municipio posee en barrio Observatorio, exactamente en la otra punta de la ciudad. Ese planteo se puede extender a muchas otras prestaciones.
El plan de Abril para avanzar en la descentralización incluye al menos cuatro frentes:
Elecciones. Que los vecinos de cada jurisdicción puedan votar al administrador de su CPC.
Consolidación. Para empezar a armar una estructura propia en cada CPC, el Ejecutivo tiene a la firma un decreto confirmando el destino y la condición de cada empleado de esas dependencias. La idea es que los cuenten como personal propio, y no derivados, transitorios o en comisión desde la administración central.
Recursos. Quieren reflotar el proyecto (presentado el año pasado, pero no cumplido), de presupuesto comunitario, para que los vecinos definan obras prioritarias. Se trata de un 15 por ciento de los recursos anuales asignados a la Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Transporte. Para evitar la dispersión en los reclamos, se propone un tope, para cada CPC, de tres proyectos de obra barrial, uno de promoción comunitaria, uno de actividad deportiva, y uno para actividad cultural.
Más sedes. Aunque todavía no está definido, la Municipalidad quiere abrir dos nuevos CPC: uno en el Centro Cultural San Vicente, y otro en las oficinas del Registro Civil, en barrio Alberdi.
Fuente: La Voz del Interior
rcurto@lavozdelinterior.com.ar
Los 11 Centros de Participación Comunal (CPC) de la ciudad de Córdoba en rigor, el de barrio Guiñazú es sub CPC, concentran entre el 65 y el 75 por ciento de la actividad administrativa del municipio. Ese cálculo no incluye las prestaciones no descentralizadas, como es el caso de los cementerios o la salud.
En agosto pasado, los vecinos realizaron un total de 33.010 trámites en esos minimunicipios, y 22.800 en el Palacio 6 de Julio.
La proporción se amplía al considerar los resultados de una encuesta recientemente encargada por las autoridades, que estira al 75 por ciento la incidencia de los CPC, lo que equivale a decir que tres de cada cuatro vecinos prefieren hacer las gestiones en los barrios y no en la sede municipal.
Para el subsecretario de Coordinación de los CPC, Aldo Abril, estos números revelan que esas 11 oficinas descentralizadas son un muy buen instrumento para acercar el municipio a los vecinos, facilitarles la realización de trámites y hasta el pago de impuestos.
No obstante, cuando se considera la capacidad de respuesta real a muchos de los pedidos, la eficiencia se desdibuja, porque las estructuras operativas siguen dependiendo del área central de la administración.
Hoy los CPC son extensiones del palacio 6 de Julio, pero sólo como mesas de entradas. Hay que dotarlos de una estructura capaz de dar respuestas, para que la descentralización sea real, interpreta Abril.
Cada CPC tiene un promedio de entre 70 y 80 empleados, lo que hace un total de 800 personas: poco más del 10 por ciento del total de la planta de empleados municipales. Y para el año en curso, se les asignó un presupuesto de casi 18 millones de pesos (el 86 por ciento se gasta en sueldos), lo que equivale a apenas el 3,93 por ciento del presupuesto general de la ciudad, que se fijó en 457 millones de pesos.
Abril, como ya plantearon verbalmente otros funcionarios en los últimos años, quiere cambiar ese esquema y dotar a los CPC de autarquía, para que no sean meras oficinas de recepción y respondan a las demandas.
Nuevo intento
Fuera de los trámites que tienen resolución en el propio CPC (pagar un impuesto, sacar el carnet de conductor), los demás reclamos vecinales (alumbrado, pavimento, higiene, inspección) quedan en manos de dependencias centralizadas. Más aún: al CPC no le queda más que involucrarse en una tarea de intermediación, para ver cuándo la estructura centralizada puede satisfacer el reclamo, que no está a su alcance atender.
Un caso típico detalló Abril es el del poder de policía. Los CPC tendrían que tener su propia estructura, para poder controlar. La idea es enviar, proporcionalmente a cada CPC, el personal y los recursos necesarios, precisó el funcionario.
También citó que, por ejemplo, no tiene sentido que para atender un reclamo de alumbrado en el CPC de Rancagua, se recurra a personal que está en el área operativa que el municipio posee en barrio Observatorio, exactamente en la otra punta de la ciudad. Ese planteo se puede extender a muchas otras prestaciones.
El plan de Abril para avanzar en la descentralización incluye al menos cuatro frentes:
Elecciones. Que los vecinos de cada jurisdicción puedan votar al administrador de su CPC.
Consolidación. Para empezar a armar una estructura propia en cada CPC, el Ejecutivo tiene a la firma un decreto confirmando el destino y la condición de cada empleado de esas dependencias. La idea es que los cuenten como personal propio, y no derivados, transitorios o en comisión desde la administración central.
Recursos. Quieren reflotar el proyecto (presentado el año pasado, pero no cumplido), de presupuesto comunitario, para que los vecinos definan obras prioritarias. Se trata de un 15 por ciento de los recursos anuales asignados a la Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Transporte. Para evitar la dispersión en los reclamos, se propone un tope, para cada CPC, de tres proyectos de obra barrial, uno de promoción comunitaria, uno de actividad deportiva, y uno para actividad cultural.
Más sedes. Aunque todavía no está definido, la Municipalidad quiere abrir dos nuevos CPC: uno en el Centro Cultural San Vicente, y otro en las oficinas del Registro Civil, en barrio Alberdi.
Fuente: La Voz del Interior
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